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05/05/2011
La Nueva Ley sobre el delito de contrabando y su relación con la Propiedad Intelectual
Por:  Manuel Antonio Rodríguez

El texto de la nueva “Ley sobre el delito de contrabando”, publicada en la Gaceta Oficial No. 6017 Extraordinaria, del 30 de diciembre de 2010, contempla distintos cambios, respecto a la del año 2005. Algunos se dirigieron a establecer nuevas responsabilidades de orden penal a los operadores, directos o indirectos, vinculados al proceso de desaduanización (cabotaje, control, traslado, fiscalización, depósito, almacenaje, guarda y tránsito de mercancía o bienes); otros, a crear nuevos tipos delictivos y algunos al aumento de las penas previstas en la anterior normativa.

Mas allá del sentido teleológico previsto en sus primeros artículos, parte de la normativa aumenta considerablemente las conductas y hechos que pueden ser tipificados como delitos o faltas administrativas. Ello lo consideramos necesario, pues en algunos casos no se disponía sanción alguna para conductas que, francamente, generaban un daño a la administración aduanera y al país.

Por lo que respecta a los Derechos Intelectuales, la nueva normativa corrige y disipa la duda planteada en la anterior ley, sobre la calificación jurídica que debía dársele el ingreso y tránsito de mercancía que presuntamente violase la Propiedad Intelectual, pues unos consideraban que debía tenérsele como un tipo delictivo especial; mientas otros señalaban que era una agravante al tipo general.

Aunque pareciese poco trascendente esta diferencia, las dificultades que se plantearon al momento del Ministerio Público ejercer las acciones, no fueron pocas. Incluso, hubo interpretaciones basada en lo dispuesto en el Arancel de Aduanas, que afirmaban que al existir la presunción de infracción a la Propiedad Intelectual, debía de considerarse de inmediato como contrabando el acto o conducta del importador, propietario o consignatario, desconociendo, o no valorando, cualquier otra circunstancia.

La nueva Ley claramente en su artículo 26, numeral 4º, dispone como circunstancia agravante del contrabando, que las mercancías lesionen los derechos de Propiedad Intelectual, por lo que la pena podría ser aumentada en la mitad. Así, quedan zanjadas las interpretaciones que se hicieran del artículo 4, numeral 19º del derogado texto legal.

Una corrección de interés es la relacionada con el destino final de las mercancías o bienes, pues el artículo 44, segundo párrafo, condicionó la donación de las mismas, si afectare los derechos de Propiedad Intelectual, cuando por su naturaleza y características sean de interés social y se destinen a instituciones, asociaciones o fundaciones sin fines de lucro, aclarando de esa manera el contenido del derogado artículo 11. Persiste la exigencia genérica de retirar o despojar la la mercancía de cualquier signo distintivo que permita relacionarlo con un derecho de Propiedad Intelectual protegido.

En nuestro parecer, manteniendo el Ministerio Público sus funciones, el cambio de mayor significación es la ampliación de la competencia, no solo en el orden investigativo. El SENIAT, la Guardia Nacional Bolivariana, la Armada (como autoridad marítima) y la Policía Nacional Bolivariana, tienen el carácter de órganos auxiliares de la investigación penal, quedando los restantes cuerpos de policía, como autoridades competentes para la ejecución de las políticas de prevención del contrabando.

Merece especial atención el otorgamiento de competencia directa, para que la Guardia Nacional Bolivariana pueda realizar verificaciones aduaneras de establecimientos comerciales o industriales, que estén sujetos al control aduanero, pues el texto de la derogada ley no lo permitía. Esta competencia les faculta para efectuar de manera directa las actividades de resguardo aduanero, permitiendo la prevención, persecución e investigación de los ilícitos en materia aduanera, muchas veces vinculados a infracciones de orden tributario y financiero (legitimación de capitales), con el fin de dar una respuesta oportuna y adecuada al Estado Venezolano. La Guardia Nacional, en este rubro, debe desarrollar sus actividades de Resguardo Nacional bajo la dependencia funcional del Ministerio de Finanzas y en muchas oportunidades con la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario del SENIAT.

Hay otros aspectos que evidencien una mejor técnica legislativa en el nuevo texto de la ley, por lo que solamente se espera que su aplicación se traduzca en una disminución de los ilícitos aduanales y de los relacionados con los derechos de Propiedad Intelectual.

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