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02/08/2011
Decisi贸n judicial ratifica protecci贸n de marcas dentro de un marco normativo poco favorable
Por:  Ricardo Alberto Antequera H.

El pasado mes de marzo la empresa francesa Babyliss, titular de la marca de idéntico nombre y responsable de la exitosa comercialización de planchas alisadoras para el pelo solicitó y obtuvo la medidas cautelares en contra de un establecimiento comercial localizado en la ciudad de Punto Fijo (zona franca en Venezuela conocida por el gran movimiento comercial de productos electrónicos, incluyendo electrodomésticos), las cuales resultaron en  la incautación de 588 planchas alisadoras que imitaban a los productos originales “Nano Titanium by Babyliss”.

El Tribunal, luego de que se realizara una inspección de los bienes con ayuda de un experto en la materia, ordenó la incautación de los bienes presuntamente falsificados, una vez que la empresa infractora acordó con el titular de la marca que no continuará con la comercialización de productos que violen los derechos de propiedad Intelectual de Babyliss.

Es de mucho interés que casos como este sigan ocurriendo, ya que, ante la carencia de regulación procesal eficaz en la Ley de Propiedad Industrial de 1956 que permita a los titulares de marcas y patentes obtener medidas cautelares ante infracciones directas a sus derechos, los órganos del Poder Judicial deben reconocer la vigencia de los convenios internacionales ratificados por la República Bolivariana de Venezuela (como el Convenio de París y el acuerdo TRIPS) para así respetar los compromisos asumidos con la comunidad relacionada con la Propiedad Intelectual, la cual, de lo contrario, quedaría en una posición de absoluta indefensión.

Adicionalmente, es aún más que destacable que el Tribunal haya aplicado expresamente artículos de la Ley sobre el Derecho de Autor que regulan aspectos procesales como el otorgamiento de medidas cautelares a favor de los titulares de derechos, siguiendo el lineamiento de otras decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, donde, por vía de analogía, dada la estrecha vinculación el derecho de autor y el derecho marcario, y ante el vacío ocasionado por la salida de Venezuela de la Comunidad Andina (con la consiguiente desaplicación de la Decisión 486) y la falta de voluntad por parte de la Asamblea Nacional de aprobar una nueva ley de Propiedad Industrial, se acuda correctamente a la Ley sobre el Derecho de Autor de 1993 para suplir las carencias existentes en materia de regulación marcaria, al menos dentro del terreno de las infracciones.

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