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13/04/2011
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declara la inaplicación de la normativa andina en propiedad industrial
Por:  Dr. Ricardo Antequera Parilli

Aunque varias sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, sin mayores explicaciones, habían declarado que la normativa andina sobre propiedad industrial ya no era aplicable en Venezuela, una reciente sentencia de la Sala de Casación Civil del mismo Tribunal, del 17 de marzo de 2011, ahora de una manera más detallada y explicativa, ha resuelto que luego de vencido el plazo de 180 días de la denuncia que hizo Venezuela del Acuerdo de Integración Sub-Regional, “cesaron para la República Bolivariana de Venezuela los derechos y obligaciones generados en el marco de la integración andina”.

Es de hacer notar que la sentencia omitió cualquier referencia a la opinión sostenida por un importante sector de la doctrina patria, según la cual, cuando el artículo 153 de la Constitución consagra que “las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna”, quiere decir que las decisiones comunitarias andinas, a pesar del retiro de Venezuela, ya forman parte del ordenamiento jurídico venezolano y, por tanto, conforme al artículo 218 de la misma Constitución “las leyes se derogan por otras leyes”, razón por la cual sería competencia de la Asamblea Nacional la de derogar esas normas comunitarias y, en su caso, dictar las respectivas leyes sustitutivas.

Aunque la sentencia en comentarios versó concretamente sobre la nulidad de una medida cautelar anticipada que se decretó por aplicación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre Propiedad Industrial, su alcance va más allá, porque declara sin vigor todas las disposiciones comunitarias sobre la materia, con lo cual se regresa oficialmente a la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, cuyo contenido, además de omitir varias figuras en materia de invenciones industriales, modelos de unidad, circuitos integrados y diversas modalidades marcarias, se contradice en varios aspectos con lo previsto en los instrumentos internacionales ratificados por Venezuela sobre la materia.

Por si fuera poco, cuando dicho fallo declara inaplicable la normativa comunitaria en propiedad industrial luego de transcurridos 180 días del retiro de Venezuela del proceso andino de integración, quedan en un “limbo jurídico” los numerosos actos administrativos que fueron dictados por el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI) con posterioridad al vencimiento de ese plazo, a pesar de estar fundamentados en la Decisión 486 de Propiedad Industrial.

Otro detalle fundamental que olvidó la sentencia fue que, si bien la medida cautelar objeto de la anulación se dictó de acuerdo a la Decisión 486, una norma similar existe en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Tratado de la Organización Mundial de Comercio (OMC), ratificado y vigente en la República Bolivariana de Venezuela.

Por último, el fallo del Tribunal Supremo ha terminado por contradecirse con otros pronunciamientos dictados por la misma Sala sobre medidas cautelares en propiedad industrial, según los cuales, como la Constitución de 1999 reconoció “como especies de un mismo género el derecho de autor y la propiedad industrial sobre obras” resultaba posible “acudir a la legislación sobre el derecho de autor para llenar el vacío existente en asuntos como el que hoy toca resolver a esta Sala” y, a esos efectos, la Ley sobre el Derecho de Autor contempla un procedimiento cautelar anticipado similar al previsto en la Decisión 486 y al Acuerdo sobre los ADPIC.

Como puede verse, la reciente sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, ha arrojado pocas certezas y muchas dudas.

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